La certificación energética de edificios: nueva fuente de empleo verde


 

En el último número de la “revista ecotimes”, publicado en el portal “ambientum.com”, se incluye un interesante artículo de Roberto Ruiz Robles, Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales, sobre el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, en base a la cual se calificarán las viviendas  en una escala comprendida entre la clase A, reservada para las viviendas con menores emisiones de CO2eq asociadas, y la G, con mayores emisiones, de forma análoga a cómo se realiza en otros productos como los electrodomésticos, expresándose mediante la etiqueta energética.

etiqueta

Esto va a pemitir conocer el comportamiento energético de las viviendas existentes, en base a una serie de parámetros de análisis sobre el estado de la envolvente térmica del edificio (fachadas, cubierta, ventanas, etc.) y de las instalaciones con las que cuenta. Hasta la publicación de este Real Decreto , sólo los edificios de nueva construcción estaban sujetos a esta obligación.

Además, la aprobación del RD 235/2013 da respuesta a un derecho que hasta hoy se estaba vulnerando, que no es otro que el permitir a los consumidores conocer el comportamiento energético de la oferta de edificios en venta o alquiler.

La importancia de la puesta en marcha de la certificación energética, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, estriba, por encima de todo, en que se va a facilitar información sobre el rendimiento energético del edificio o vivienda que un ciudadano pretenda adquirir en propiedad o en arrendamiento. Pero también informará del estado del edificio o vivienda al propietario. Aquél que posea un edificio o vivienda con una mejor clase energética tendrá un bien inmueble más competitivo en el mercado, y se verá recompensado económicamente. Por el contrario, el propietario de un edificio de clase energética G será menos competitivo frente a otros edificios de características similares, pero con una clasificación energética más favorable. Además, el propio Certificado de Eficiencia Energética contendrá una serie de recomendaciones de mejora que podrán llevarse a cabo para mejorar la eficiencia energética del edificio.

Además de los beneficios económicos que supondrá la implantación de la certificación energética, no debemos olvidar los beneficios sociales y ambientales. Así, las viviendas con una menor demanda energética y que incorporen fuentes de energía de origen renovable, reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto, el impacto de los sectores difusos (entre los que se encuentra la edificación) en materia de lucha contra el cambio climático, que representan hasta 2/3 de las emisiones totales del país. Por otro lado, en términos sociales, una vivienda con una baja demanda energética permitirá reducir el gasto en las facturas energéticas de los hogares y mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, al permitir a dicho hogar mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 

Por último, la otra gran ventaja que supone la publicación del Real Decreto 235/2013, es la generación de empleo verde, relacionado directamente con la rehabilitación de viviendas y edificios. Hay que tener en cuenta que el 58% de las viviendas en España, es anterior al año 1980, lo que significa que ni siquiera se vieron afectados en el momento de construirse por las mínimas exigencias que se contemplaron, en materia de eficiencia energética, en la Norma Básica de la Edificación (NBE-CT-79). Por tanto, una vez que la certificación energética ponga a la luz la ineficacia energética de viviendas y edificios, se impulsarán las actuaciones de rehabilitación energética en los mismos.

De hecho, España está obligada a tomar medidas en este sentido, ya que la Unión Europea va marcando a los Estados miembros una serie de objetivos en materia de “Energía y Cambio Climático”, como el Paquete 20-20-20 o la reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, que obliga a que los Estados Miembros establezcan estrategias a largo plazo, hasta el año 2020, para llevar a cabo la renovación progresiva del parque inmobiliario europeo.

Fuente: http://www.ambientum.com

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